Cerramos el año 2024 con cifras alarmantes que estremecen la conciencia nacional: decenas de mujeres asesinadas, cientos de familias devastadas, y miles de niños y niñas atrapados en el ciclo del dolor y el miedo.
Y culmina un primer trimestre del 2025 que desgarra el alma, con escenas de horror que se repiten en cada rincón del país, confirmando una dolorosa verdad: la violencia contra las mujeres sigue siendo una de las mayores emergencias sociales de la República Dominicana.
Nos preguntamos con angustia: ¿Hasta cuándo seguiremos contando víctimas?, ¿Hasta cuándo normalizaremos el luto?
¿Cuántas alertas más necesitamos para actuar con la contundencia que exige esta tragedia?
El Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL reportó que, al cierre de 2024, la República Dominicana se encontraba entre los cinco países con mayor número de feminicidios por cada 100,000 mujeres en América Latina.
Solo en los últimos doce meses, más de 80 mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, dejando huérfanos a más de 150 menores de edad.
Estas cifras no son solo estadísticas: son rostros, historias truncadas, comunidades marcadas por el dolor. No podemos seguir permitiendo que la impunidad sea la norma y que la protección llegue tarde —cuando llega.
La violencia de género no es un tema privado: es una tragedia pública. Lo que está en juego no es solo la vida de nuestras mujeres, sino la salud moral de la sociedad, el equilibrio de nuestras familias y la legitimidad de nuestras instituciones democráticas.
Hoy más que nunca, es necesario que el Estado actúe como un solo cuerpo. Que los tres poderes del gobierno —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— asuman con responsabilidad histórica el compromiso de proteger la vida de las mujeres.
Que los protocolos de atención funcionen. Que las órdenes de alejamiento se cumplan. Que los fiscales actúen con la urgencia debida. Que los jueces comprendan la dimensión humana de cada decisión.
Al mismo tiempo, las instituciones no gubernamentales, las iglesias, los organismos internacionales, la prensa y la sociedad civil deben sumar fuerzas, exigir cuentas, y acompañar a las víctimas. No podemos seguir enfrentando esta emergencia de forma fragmentada y reactiva.
Pero más allá de los mecanismos de respuesta, urge buscar las causas profundas de esta violencia. No basta con condenar al agresor: hay que desmontar el sistema que lo forma y lo protege. Esto incluye una revisión crítica del modelo educativo, la cultura machista, las desigualdades económicas, la falta de oportunidades, y los patrones de crianza que reproducen relaciones de poder y control.
Y también es tiempo de promover los antídotos:
Educación en igualdad desde la primera infancia.
Acompañamiento psicosocial a hombres con conductas violentas.
Fortalecimiento de las casas de acogida y líneas de emergencia.
Justicia especializada en violencia de género, con enfoque interseccional.
Inversión sostenida en políticas públicas de prevención.
La violencia contra las mujeres no puede seguir siendo un tema de conmemoraciones anuales o campañas de fechas. Requiere voluntad política, presupuesto, seguimiento y un compromiso ético de toda la sociedad.
Este no es solo un llamado local. Es un grito que debe escucharse en toda América Latina y el Caribe, una región donde, según ONU Mujeres, más de 4,000 mujeres son víctimas de feminicidio cada año. La comunidad internacional tiene un papel que jugar: monitorear, cooperar, presionar y solidarizarse.
La República Dominicana no puede quedarse atrás.
No hay democracia sin igualdad. No hay paz sin justicia. No hay desarrollo sin vida.
Desde el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y en mi calidad de Titular de la Secretaría.
La autora es Cristina Rodriguez Mota, Secretaria de Equidad de Genero del PLD