A propósito de la vinculación de políticos en el mundo del crimen organizado y el lavado de activos, diversas organizaciones de la sociedad civil urgieron ayer la aprobación de la ley de extinción de dominio, del Código Penal y la modificación de las leyes electorales, con cuyas legislaciones se castigaría drásticamente ese tipo de ilícitos y se bloquearía el ingreso del narcotráfico a las organizaciones.
Desde el punto de vista del movimiento cívico Participación Ciudadana (PC), los partidos políticos son instrumentos fundamentales en la consolidación y profundización del funcionamiento democrático de la nación, y a su vez instituciones claves de representación. Considera que en ellos se depositan las esperanzas de un mejor porvenir y por tanto, en la medida que los partidos políticos estén fortalecidos, en esa misma medida se fortalece la democracia.
A decir de la coordinadora de PC, Leidy Blanco, en la República Dominicana todos los sectores han presenciado cómo el dinero proveniente de la corrupción, del narcotráfico y del crimen organizado se han abierto camino en las estructuras de los partidos políticos, sentando en los curules a personas vinculadas a este accionar delictivo o a personas de dudosa reputación lo cual sucede, según dijo, por la impunidad y la ineficiente gestión del órgano llamado a controlar y monitorear el funcionamiento de los partidos (la Junta Central Electoral).
“También ocurre por la falta de voluntad de transparentar el accionar de los partidos políticos por parte de sus órganos competentes, también a la falta de una regulación verdaderamente preventiva y sancionadora, a la inoperancia del procurador fiscal electoral, pero también a la falta de conciencia de la importancia del ejercicio del sufragio, de ese derecho que va más allá del día de las elecciones. Nos falta educar, para poder verdaderamente prevenir”, argumentó Blanco.
La coordinadora de PC comentó que la sociedad dominicana debe apoyar el esfuerzo de la Junta Central Electoral, cuyo órgano ya ha presentado dos propuestas de modificación de las leyes electorales que servirán para transparentar, democratizar y controlar el ejercicio de los partidos políticos.
Para la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), que preside Trajano Vidal Potentini, sin la aprobación de una ley de extinción de dominio, los esfuerzos del Ministerio Público (MP), en contra del crimen organizado y el lavado de activos, resultan inútiles e ineficientes.
De acuerdo a Potentini, el lavado de activos presupone de la existencia de un crimen precedente que genere los bienes ilícitos objeto del blanqueo de capitales, para el caso ocurrente el narcotráfico, delito que estaría persiguiendo la DEA, cuya imputabilidad y judicialización se conocería en los Estados Unidos (EE. UU.), donde sí disponen de la logística y el seguimiento para lograr condena, naturalmente siempre privilegiando su modus operandi de negociar con los imputados, a los fines de ampliar la persecución de más actores pasibles de condenas.