La Procuraduría de Colombia ha suspendido este jueves de sus cargos a Juan Miguel Huertas, general y comandante de personal del Ejército, y a Wilmar Mejía, director de operaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Los dos hombres están bajo investigación por supuestos vínculos con las disidencias de las extintas FARC.
La orden es que dejen sus cargos de manera provisional, mientras avanzan las indagaciones desatadas por la publicación de decenas de correos electrónicos y chats que los señalan de filtrar información sobre operativos militares al Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), el grupo que responde a Alexander Díaz, alias Calarcá. El Gobierno de Gustavo Petro había descartado apartarlos de sus cargos hasta que fueran encontrados culpables.
El documento de la suspensión, firmado por los tres procuradores delegados que conforman la sala disciplinaria de instrucción, señala que “las circunstancias conocidas permiten colegir que Huertas y Mejía comprendían el alcance de los hechos, de sus actuar, y tenían plena capacidad de determinarse”.
La entidad encargada del régimen disciplinario estatal justifica la medida con el argumento de que mantenerlos en sus cargos posibilitaría su interferencia en una investigación sobre “gravísimos hechos que han generado la mayor preocupación y zozobra en el país”.
Asimismo, seguirían teniendo acceso a información reservada y eso les permitiría “continuar las conductas que ahora se reprochan”. Esto podría derivar, a su vez, en que “se siga fortaleciendo a un grupo armado ilegal de reconocido riesgo”.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha señalado que el procurador Gregorio Eljach, elegido en octubre de 2024 con apoyo del Ejecutivo, debe tener “elementos de juicio” para tomar la decisión y que “hay que respetarlo”.
Sin embargo, ha recordado que el presidente expresó en X que “es muy posible que los chats no sean verdaderos” y que hay que analizar “cómo era la cadena de custodia”. “Quedamos un poco en frío. Tengo que analizar lo que está sucediendo”, le dijo a la prensa en una primera reacción.
Los supuestos vínculos entre las disidencias y estos dos altos cargos fueron revelados el domingo en un informe de Noticias Caracol. Incluyen la filtración de información sobre operativos y movimientos de tropas de la fuerza pública en Antioquia, Catatumbo y el sur de Bolívar, órdenes a militares para habilitar traslados seguros de los comandantes del EMBF por territorios en disputa y la colaboración para montar una empresa de seguridad privada que “legalizara” a 20 hombres para cuando fracasaran las negociaciones de paz entre ese grupo y el Gobierno.
Las pruebas presentadas son correos electrónicos y chats de subalternos de Calarcá que mencionan a Huertas y Mejía. Fueron extraídos de teléfonos, discos duros y computadores incautados durante un operativo realizado el 23 de julio de 2024 en Anorí (Antioquia).
La Fiscalía abrió el lunes una investigación sobre la “posible cooptación” de los dos altos cargos por parte de esa disidencia. Explicó que la información filtrada a la prensa estaba en poder de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía (Dijín) y que una fiscal especializada de Medellín había sido informada al respecto.
Ante los señalamientos por la falta de investigaciones al respecto, la entidad señaló que el despacho de la fiscal general y sus dependencias no recibieron “reportes o copias de la información recaudada” en estos 16 meses. Asimismo, indicó que la Dijín le había entregado cinco informes técnicos a la fiscal especializada de Medellín.