Santo Domingo, RD.- En las últimas décadas, la sociedad dominicana ha expresado por diferentes vías la necesidad de contar con un Código Penal acorde con las nuevas realidades que hemos vivido, así como con los retos que implica la participación del país en un mundo cada vez más globalizado, que nos permita estructurar políticas modernas en seguridad y en el castigo y prevención de la criminalidad.
Cuando todo parecía indicar que tendríamos que esperar un año más, el Congreso de la República ha aprobado un nuevo Código Penal que incorpora importantes principios y normas para este propósito, que permitirán al sistema de justicia penal cumplir con el mandato constitucional de perseguir la delincuencia y criminalidad nacional e internacional; combatir la corrupción en todas sus formas; tener respuestas acertadas a la ciberdelincuencia y avanzar en la construcción de espacios para la convivencia pacífica.
Desde ese punto de vista, saludamos la adopción y promulgación de la nueva Ley 74-25, Código Penal de la República Dominicana. FINJUS reitera su compromiso con el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Defensa Pública de contribuir al conocimiento de los avances que registra el nuevo Código en las materias señaladas, para que el sistema de justicia penal sea más eficiente y coherente con los ideales de nuestra democracia, atendiendo a las expectativas de justicia que alberga la sociedad frente al crimen y la corrupción.
Al mismo tiempo, FINJUS ha realizado un balance rápido de la obra que entregan los legisladores a la sociedad y encontramos en el contenido que se sacrificaron derechos, sumado a errores que están en choque con principios de la Constitución de la República.
Coincidimos con el Presidente Abinader y diversos sectores sociales de que el Código Penal es una pieza perfectible y que el periodo de vacatio legis sirva para identificar las insuficiencias y ausencias que deben ser superadas en el plazo más breve posible.
FINJUS se propone realizar en el corto plazo estudios y análisis que sirvan de base para proponer las enmiendas necesarias al nuevo Código Penal, Ley 74-25.
Exhortamos a la comunidad jurídica, las Facultades de derecho de las universidades, el empresariado y la sociedad civil a realizar también sus aportes para producir las reformas que hagan del nuevo Código Penal un instrumento coherente con nuestro ordenamiento jurídico constitucional, democrático y de derecho.