Caracas, Venezuela.- Celebrar públicamente la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por parte de tropas de Estados Unidos, o respaldar los inéditos bombardeos de Washington, se ha convertido en lo más cercano a un delito en Venezuela.
El decreto de estado de conmoción exterior dictado por el gobierno venezolano ordena a las policías «emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos contra el territorio de la República».
«(Los arrestados serán) puestos a la orden del Ministerio Público y del sistema de justicia penal, con miras a su juzgamiento», se agrega en el artículo 5 del decreto, fechado el 3 de enero -y con la firma de Nicolás Maduro-, quien en la madrugada de ese día fue aprehendido por soldados estadounidenses en Caracas durante una serie de ataques aéreos contra posiciones gubernamentales y militares venezolanas.
La resolución, que también autoriza a las autoridades a restringir derechos como el de reunión, manifestación y libre tránsito durante 90 días —prorrogables por un periodo similar—, había sido anunciada a fines de septiembre, poco después del inicio del despliegue naval de EE. UU. en el Caribe. Sin embargo, su contenido no se había hecho público hasta ahora.
Hasta el momento, se ha informado de dos detenciones por «celebrar el secuestro del presidente Maduro».
Las aprehensiones se produjeron en Guaraque, un pequeño pueblo enclavado en Los Andes venezolanos, donde unos ciudadanos, de 64 y 65 años, respectivamente,»se encontraban gritando consignas en contra del gobierno (…) ofendiendo a vecinos militantes del PSUV (el partido de gobierno) e incitando a la violencia, además de efectuar detonaciones con arma de fuego», publicó la policía regional en su cuenta de Instagram.
Por su parte, organizaciones civiles como el Foro Penal Venezolano estaban «verificando informaciones sobre otras detenciones ocurridas en varias partes de Caracas», aseguró uno de los directivos de esa agrupación a BBC Mundo.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que el lunes, «durante la jornada de instalación de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), fueron detenidos en Caracas 14 periodistas y trabajadores de la prensa: 13 de ellos de agencias y medios internacionales y uno de medios nacionales».
No obstante, horas después, trece de ellos fueron «liberados sin haber sido presentados ante los tribunales, y uno fue deportado».
En San Antonio del Táchira, localidad fronteriza, el SNTP contabilizó que otros dos comunicadores extranjeros fueron retenidos, pero tras horas «incomunicados fueron liberados».