Higüey .- Una subcomisión de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, de la Cámara de Diputados, se trasladó a la cárcel pública del municipio de Higüey, provincia La Altagracia, con la finalidad de dar seguimiento al trato de los internos y el respecto a los Derechos Humanos en la misma.
El diputado Santiago Vilorio, presidente de la subcomisión, manifestó que el traslado hasta ese lugar se realizó a fin de verificar la denuncia recibida de la situación infrahumana en que se encuentran los internos de la cárcel preventiva de esta comunidad.
“Hoy nos encontramos aquí en virtud de una denuncia recibida a través de la Comisión de Derechos Humanos, sobre una problemática que está sucediendo en la cárcel pública de aquí de Higüey. Trataremos algunos aspectos y veremos la forma en que se está manejando esa cárcel, donde tenemos entendido hay situaciones que están afectando a los internos de la misma”, dijo.
El legislador manifestó que esa comisión está en la mayor disposición de darle solución a la problemática junto a los representantes de esa provincia y que quieren verificar en el terreno la veracidad de las informaciones recibidas.
Mientras que, el presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Juan Dionicio Rodríguez, aplaudió el trabajo realizado por la subcomisión ya que el mismo viene a resolver esa problemática.
“Nosotros estamos hoy aquí a fin de verificar unos datos que tenemos y hemos decidido junto a esta subcomisión elegida a unanimidad, primero visitar el penal, hablar con el coronel encargado, escuchar a la fiscal, la jueza de ejecución y escuchar todas las organizaciones, el senador y los diputados de la provincia”, dijo.
Rodríguez sostuvo, que escucharían de manera ordenada a cada quién a fin de poder comprobar las denuncias recibidas, “ustedes pueden estar seguros, que la Cámara de Diputados, los diputados de esta provincia y esta Comisión, le damos seguimiento a los casos de los que somos apoderados y hasta que no tenemos acto conclusivo, no lo abandonamos, nosotros tomamos con responsabilidad las cosas que asumimos y las llevamos hasta las últimas consecuencias, no tenemos miedo de nadie, ni de nada y solo tenemos compromisos con la Constitución de la República Dominicana”, finalizó.
De su lado Hamlet Melo, representante de esa comunidad, agradeció a la Comisión su traslado hasta el lugar, y sostuvo que es un problema viejo que se remonta al año 2005, donde ocurrió un siniestro y fallecieron 138 reclusos calcinados.
“Desde el momento en que ocurrió este siniestro, esta cárcel debió ser demolida y hacer una nueva. Hoy en día continuamos con ese reclamo, donde en un espacio de veinte metros, para cincuenta reclusos se están albergando quinientos”, sostuvo.
Dijo además que esos internos son trancados ahí sin comida, sin agua potable y sin ningún tipo de condición
Melo sostuvo que en el año 2015 sometió una resolución, la cual fue aprobada, a fin de que sea construida una cárcel en esa provincia y que consiguieron la donación de un terreno, a través de Agricultura para la ejecución del proyecto.