Lo que hoy se discute en San Juan de la Maguana no es simplemente la explotación de un recurso mineral. Es una decisión estructural sobre el modelo de desarrollo de la República Dominicana en el siglo XXI, en un contexto global marcado por la crisis climática, la desigualdad territorial y la disputa por los recursos estratégicos.
San Juan no enfrenta una decisión económica aislada, sino una encrucijada donde convergen tres dimensiones fundamentales: sostenibilidad ambiental, justicia social y viabilidad económica territorial.
Evidencia empírica: crecimiento económico sin desarrollo equitativo
La República Dominicana ha mostrado un crecimiento sostenido en sectores extractivos y productivos; sin embargo, la evidencia demuestra que dicho crecimiento no siempre se traduce en bienestar territorial.
En Cotuí, la minería ha generado ingresos significativos. En 2025, las exportaciones mineras superaron los US$2,590 millones, representando uno de los principales rubros de exportación del país. No obstante, estudios de organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe han señalado que la riqueza extractiva en América Latina no garantiza automáticamente reducción de desigualdades ni desarrollo humano sostenible.
En Haina, uno de los principales polos industriales del país, persisten problemáticas de contaminación ambiental y desigualdad urbana, al punto de requerir intervenciones estatales de restauración ecológica en su cuenca hídrica. Este caso evidencia la externalización de costos ambientales en territorios productivos.
En Punta Cana, el turismo representa uno de los pilares económicos nacionales; sin embargo, informes de organismos internacionales han advertido sobre brechas en la distribución territorial de los beneficios del crecimiento turístico, especialmente en comunidades periféricas.
A nivel nacional, aunque la pobreza monetaria se redujo de 23.0 % en 2023 a 19.0 % en 2024, según el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, persisten desigualdades territoriales que evidencian que el crecimiento no ha sido homogéneo ni inclusivo.
Fundamento científico: límites ecológicos y sostenibilidad
Desde la perspectiva de la sostenibilidad, la evidencia científica es contundente:
no existe desarrollo sostenible cuando se comprometen los sistemas naturales que garantizan la vida.
San Juan posee un valor estratégico que trasciende lo económico: es un territorio clave para la producción agrícola, la seguridad alimentaria y la disponibilidad de recursos hídricos.
Diversas investigaciones en el campo de la sostenibilidad ambiental advierten que actividades extractivas mal reguladas pueden generar:
Estrés hídrico y alteración de cuencas
Degradación de suelos productivos
Pérdida de biodiversidad
Impactos en la salud pública
Conflictos socioambientales
Estos riesgos no son hipotéticos. Son parte de la evidencia acumulada en múltiples países de América Latina.
Justicia ambiental: el eje del debate contemporáneo
El caso de San Juan debe analizarse desde el enfoque de justicia ambiental, principio reconocido en el derecho internacional que establece que ninguna comunidad debe asumir de manera desproporcionada los costos ambientales del desarrollo.
La pregunta clave no es si habrá inversión.
La pregunta es:
¿Está garantizado que los beneficios serán equitativos, sostenibles y superiores a los costos sociales, ambientales y económicos?
Si no existe una respuesta clara, sustentada en evidencia científica independiente y mecanismos institucionales robustos, el riesgo no es solo ambiental:
es político, social y democrático.
San Juan como punto de inflexión nacional
Lo que ocurra en San Juan definirá el rumbo del país.
Porque la República Dominicana enfrenta hoy dos modelos posibles:
Modelo 1:
Crecimiento económico con concentración de riqueza, degradación ambiental y exclusión territorial.
Modelo 2:
Desarrollo sostenible, inclusivo, con participación ciudadana, protección ambiental y distribución equitativa de beneficios.
San Juan tiene la oportunidad histórica de no repetir errores, sino de redefinir el modelo de desarrollo nacional desde el territorio.
Propuesta política: hacia un desarrollo con garantías reales
Un país serio no puede tomar decisiones de esta magnitud sin:
Estudios de impacto ambiental independientes y transparentes
Participación comunitaria vinculante
Mecanismos de distribución equitativa de beneficios
Sistemas de monitoreo ambiental permanentes
Garantías de protección de recursos hídricos
Planes de desarrollo territorial sostenible
El desarrollo no puede ser una promesa.
Debe ser una garantía.
Liderazgo, ciencia y dignidad
San Juan no está rechazando el desarrollo.
Está cuestionando un modelo de desarrollo que la evidencia ha demostrado que no siempre beneficia a la gente.
En un contexto global donde la sostenibilidad es una prioridad, los territorios que defienden su agua, su tierra y su gente no están atrasados.
Están liderando.
Y hay una verdad que ningún indicador económico puede ocultar:
El oro tiene precio.
El agua, la tierra, la vida y la dignidad de un pueblo tienen valor infinito.
La autora es dirigente política, maestra, municipalista y defensora del desarrollo humano sostenible