Santo Domingo, R.D.-El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Miguel Surun Hernández alertó hoy sobre la existencia de un Cartel Eléctrico que tiene como objetivo fundamental destruir cualquier resquicio de competencia por parte del Estado Dominicano con el sector eléctrico privado, destruyendo la Generadora Punta Catalina.
Surun hizo estas aseveraciones en la sección Actualidad Meridiana, que dirige el comunicador Alfredo de la Cruz, del programa Súper Meridiano que se transmite de lunes a viernes de 12 del mediodía a 2 de la tarde por Supercanal 33.
“El objetivo fundamental del proyecto de fideicomiso, regalo o privatización de Punta Catalina, no solamente contempla el sabotaje de esa planta para que no genere más y de esa manera haya escases en energía eléctrica y los precios se disparen, esta también destruir la única institución del Estado Dominicano autorizada por ley a construir plantas eléctricas y suministrar energía eléctrica que es la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), agregó Surun Hernández”
El presidente del Colegio de Abogados dijo, además, que los que conforman dicho cartel o comité técnico del fideicomiso que administrará Punta Catalina, fueron opositores radicales a la construcción de dicha planta y de cualquier planta de generación eléctrica en el país y que precisamente su presidente Celso Marranzini, fue catalogado por el actual por el actual Ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte como el administrador más desastroso en toda la historia de la CDEEE.
Recordó también, que el presidente de la República, Luis Abinader en fecha del 21 de octubre del 2021 sometió al Senado de la República, el proyecto de ley de fideicomiso público, cuyas disposiciones tornan inadmisible el contrato actual de fideicomiso de Punta Catalina, proyecto que fue aprobado y remitido a la Cámara de Diputados y está pendiente de aprobación, lo que indica que el 27 de febrero del 2022 será depositado otro proyecto de ley a la medida del actual contrato de fideicomiso de Punta Catalina.
“El que lee el contrato que no es de fideicomiso de Punta Catalina llega a la conclusión de que es meramente un regalo o despojo de un bien público en favor de un cartel eléctrico responsable de la crisis eléctrica”, añadió.
Surun Hernández finalizó afirmando que el Congreso Nacional es el único órgano que tiene potestad para escuchar inquietudes referentes a ese contrato de fideicomiso cuyas opciones son muy básicas, este no puede modificarlo, solo puede aprobarlo o rechazarlo, al igual que la Cámara de Diputados. “La única opción válida, legal y constitucional que evitara problemas sociales es rechazar ese contrato mal llamado fideicomiso porque atenta contra los intereses de la nación y constituye un despojo fraudulento del patrimonio público”, concluyó.