Lo más peligroso que le puede pasar a una sociedad no es solamente la violencia. Lo más peligroso es acostumbrarse a ella.
Y eso es precisamente lo que hoy comienza a ocurrir en la República Dominicana con los feminicidios. Nos estamos acostumbrando a escuchar que una mujer fue asesinada por su pareja o expareja. Nos estamos acostumbrando a abrir las redes sociales y encontrar otra foto, otro rostro, otra familia destruida. Nos estamos acostumbrando a que una mujer denuncie varias veces y aun así termine muerta.
Y eso también mata.
La República Dominicana no puede seguir viviendo entre el dolor, la impotencia y la indiferencia. En lo que va del año 2026, las cifras de feminicidios continúan creciendo de manera alarmante. Reportes oficiales y observatorios especializados registran entre 27 y 32 mujeres asesinadas por parejas y exparejas hasta mayo de este año, mientras el Ministerio Público informó que solo en el primer trimestre se produjeron 22 feminicidios y más de 17 mil denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales.
Cada número tiene un rostro. Tiene una madre. Tiene hijos. Tiene sueños detenidos. Tiene una familia llorando una silla vacía en la mesa.
La situación resulta aún más dolorosa cuando se compara con el comportamiento del año 2025, en el que organizaciones sociales reportaron 59 feminicidios durante todo el año. El ritmo con el que avanzan las cifras en este 2026 evidencia una peligrosa escalada de violencia, pero también deja al descubierto una dolorosa sensación de desprotección, abandono e impotencia frente a instituciones que muchas veces llegan tarde.
Y quizás eso es lo que más tristeza provoca: mujeres que sí pidieron ayuda. Mujeres que sí denunciaron. Mujeres que acudieron a buscar protección y terminaron convirtiéndose en víctimas mortales.
¿Cómo se le explica a un niño que su madre pidió ayuda y aun así la mataron?
¿Cómo se le explica a una familia que el sistema que debía proteger no reaccionó a tiempo?
¿Cómo se le explica a un país que seguimos enterrando mujeres mientras aprendemos peligrosamente a convivir con el horror?
Pero además de la violencia, existe otra realidad profundamente preocupante: la visible incongruencia entre las instituciones del Estado y la falta de articulación efectiva frente a esta crisis. Mientras una institución presenta estadísticas, otra maneja cifras distintas; mientras unas víctimas denuncian en fiscalías, otras acuden a destacamentos, ministerios o tribunales sin recibir respuestas integradas ni seguimiento oportuno. La violencia contra la mujer continúa enfrentándose de manera fragmentada, descoordinada y muchas veces burocrática, como si se tratara de problemas aislados y no de una emergencia nacional.
Esa falta de articulación institucional también mata.
Porque cuando las instituciones no se comunican, no reaccionan a tiempo o trasladan responsabilidades entre sí, las víctimas quedan solas frente al agresor. El Estado no puede seguir actuando como estructuras separadas mientras las mujeres viven una violencia que es integral, constante y muchas veces anunciada antes de terminar en tragedia.
Llama profundamente la atención que esta tragedia continúe creciendo precisamente en marzo, el mes en que el mundo conmemora la lucha histórica por los derechos de las mujeres. Mientras en distintas partes del mundo se habla de igualdad, dignidad y protección, en República Dominicana seguimos viendo mujeres perder la vida a manos de quienes decían amarlas.
Y uno de los aspectos más dolorosos y humillantes para muchas víctimas es tener que exponerse frente a su agresor para poder obtener una orden de alejamiento o una medida de protección. Mujeres aterradas, golpeadas física y emocionalmente, obligadas a mirar de frente a quien amenaza sus vidas mientras esperan respuestas institucionales que muchas veces llegan tarde. No es posible que una víctima tenga que sentir más miedo dentro del sistema que fuera de él. Esa exposición representa otra forma de violencia y evidencia una profunda desprotección estatal que debe ser revisada con urgencia y sensibilidad humana.
Hay casos que estremecen el alma nacional y reflejan el rostro más desgarrador de esta crisis.
El caso de Esmeralda Moronta de los Santos, de apenas 36 años, madre de dos menores y repostera, ha dejado una profunda herida en la conciencia colectiva del país. Esmeralda acudió a la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género en Alma Rosa para denunciar a su expareja, Omar Tejeda Guzmán. Buscó ayuda. Buscó protección. Buscó que el Estado actuara. Sin embargo, al salir de la fiscalía fue perseguida y asesinada a tiros dentro de un colmado donde intentó refugiarse. Minutos después, su agresor se suicidó.
Qué dolor tan grande produce pensar que una mujer pudo morir prácticamente al salir de una institución donde acudió buscando auxilio. Qué dolor tan profundo provoca saber que muchas mujeres denuncian y aun así no logran sobrevivir.
Y Esmeralda no es la única.
También estremecen los casos de Yessica Álvarez Jiménez, de 26 años, asesinada presuntamente por su pareja en la carretera Sánchez; Rosmery Sosa Rodríguez, de 29 años, asesinada con arma blanca en Gualey; la profesora Santa Sepúlveda, asesinada en Los Guaricanos; y la joven Catherine Méndez, víctima de otra tragedia que enluta al país.
Cada uno de estos nombres representa una vida apagada, una familia destruida y un Estado que sigue llegando tarde.
Y mientras unas familias lloran a sus hijas muertas, otras mujeres viven con miedo y desconfianza frente a organismos que deberían brindar seguridad. El caso denunciado por la joven Chelsy Batista García, hija de Cheddy García, también deja preguntas dolorosas sobre la confianza ciudadana en instituciones que deben actuar con transparencia, sensibilidad y respeto a los derechos fundamentales.
Resulta todavía más alarmante que casos reportados de feminicidios ocurridos en el último año y en lo que va de este hayan sido cometidos por agentes policiales y militares. Hombres cuya responsabilidad constitucional es proteger vidas. Hombres armados por el propio Estado. Y entonces surge la pregunta más triste de todas: ¿a dónde corre una mujer cuando también comienza a sentir miedo de quienes deben protegerla?
Cuando quien debe cuidar se convierte en agresor, la herida social se vuelve mucho más profunda.
Yo hoy hablo como mujer. Como madre de tres hijas. Y escribo estas líneas con el corazón profundamente desgarrado.
A propósito de acercarse el Día de las Madres, una de mis hijas, felizmente casada, y otras dos marcadas emocionalmente por la crudeza de las noticias, me dijeron algo que aún retumba en mi alma: “Mami, por favor, ya no pongas más eso… no sé cómo volveré a ver las noticias después de ver los videos de Moronta asesinada de espaldas. Mami, ella corrió mucho… y no recibió ayuda de donde fue a buscarla ni de nadie.”
Y yo simplemente enmudecí.
Porque sentí que mis hijas no solo hablaban con miedo; hablaban desde el dolor de toda una generación de mujeres que hoy siente que denunciar no siempre garantiza protección, que pedir ayuda no siempre significa salvar la vida y que muchas veces el Estado llega cuando ya todo terminó.
Confieso que ese caso me estremeció profundamente. Ver a una mujer correr desesperadamente por salvar su vida después de haber acudido precisamente a buscar protección, y terminar asesinada, es una escena que rompe el alma de cualquier madre, de cualquier mujer y de cualquier ser humano con sensibilidad.
Y quizás lo más doloroso es sentir que poco a poco estamos perdiendo la capacidad de conmovernos. Que la violencia comienza a normalizarse. Que vemos una mujer asesinada y seguimos nuestra rutina. Que pasamos la página demasiado rápido mientras una familia queda destruida para siempre.
Pero mi rol como defensora de la dignidad humana, de los derechos de las mujeres y como Titular de la Secretaría de Igualdad y Equidad de Género no es rendirme ante el dolor. No es callar frente a tantas familias destrozadas ni frente a tantas mujeres que ya no pueden hablar. Mi deber es levantar la voz también por aquellas que viven calladas, por las que siguen siendo maltratadas, por las que tienen miedo, y por las que después del caso de Moronta encontraron valor para contar lo que viven aun cuando sienten que ni siquiera buscando justicia están completamente protegidas.
Hoy escribo para llamar la atención de mi país. De la sociedad. De las mujeres. Pero también de los hombres.
Porque a ningún hombre Dios le concedió el don de dar vida, y mucho menos el derecho de quitarla.
Ningún hombre tiene derecho a destruir el cuerpo, la dignidad, la paz o el futuro de una mujer por celos, control, egoísmo o incapacidad emocional.
Aquí no basta con lamentarse después de cada tragedia. Aquí no bastan las condolencias ni los discursos de ocasión. El país necesita reaccionar antes de que esta tragedia termine completamente normalizada en la conciencia nacional.
Porque cuando una sociedad se acostumbra a la muerte de sus mujeres, comienza también a perder su humanidad.
La República Dominicana no solo está perdiendo mujeres; está perdiendo sensibilidad, confianza institucional y capacidad de reaccionar frente al dolor humano. Y lo más peligroso de todo es que esta tragedia comienza a normalizarse.
El Estado dominicano tiene que entender que esta lucha no se enfrenta únicamente con medidas judiciales después de la tragedia. Esto requiere educación, prevención, salud mental, protección social, seguimiento real a las denuncias y una articulación seria de todo el aparato estatal.
El Ministerio de Educación debe asumir un rol fundamental desde las aulas, desde el currículo, desde la formación en valores, respeto, educación emocional y cultura de paz. Porque la violencia también se aprende, pero también puede prevenirse educando.
De igual manera, los ministerios de Deportes y Cultura deben convertirse en pilares fundamentales para la construcción de una sociedad más sana, más humana y menos violenta, promoviendo espacios de convivencia, disciplina, formación integral, arte, identidad, sensibilidad social y prevención desde las comunidades y la juventud. La cultura y el deporte también educan, también forman carácter y también ayudan a salvar vidas.
Asimismo, la justicia, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público, la Policía Nacional, el sistema educativo, los gobiernos locales, el Congreso Nacional y todos los poderes e instituciones del Estado deben actuar de manera coordinada y articulada frente a esta crisis nacional. La violencia contra la mujer no puede seguir siendo tratada como un problema aislado o exclusivo de una sola institución. Es una responsabilidad colectiva del Estado y de toda la sociedad dominicana.
No podemos seguir permitiendo que las órdenes de protección lleguen tarde. No podemos seguir permitiendo que mujeres denuncien una y otra vez sin recibir respuestas efectivas. No podemos seguir normalizando la indiferencia institucional ni el abandono emocional de las víctimas.
Hoy escribo con tristeza. Con lágrimas en mis ojos. Con el sentimiento desgarrador de una mujer, de una madre y de una dominicana que se niega a aceptar que el miedo y la muerte se conviertan en parte normal de nuestra sociedad.
Porque mientras una sola mujer siga muriendo después de pedir ayuda, la República Dominicana seguirá llegando tarde.
La autora es titular de la Secretaría de Igualdad y Equidad de Género del PLD