Santo Domingo, RD. – El magistrado del Tribunal Constitucional, José Alejandro Vargas, cuestionó la política de renovación de licencias de conducir aplicada por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), al considerar que limita los derechos de las personas mayores y vulnera el principio constitucional de igualdad.
A través de una publicación en su cuenta personal de X, el juez relató que acudió a renovar su licencia de conducir y le informaron que, por tener más de 65 años, solo podía obtener una renovación por dos años, en lugar de cuatro, debido a posibles afecciones de salud asociadas a la edad.
El magistrado dijo que no sintió ningún enojo, aunque le frustró saber que en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho no todos somos iguales ante la ley, como lo señala el artículo 39 de la Constitución que, entre otras razones, prohíbe la discriminación por motivo de edad. O como de forma reiterada ha sostenido el Tribunal Constitucional, el Estado no solo debe abstenerse de discriminar por edad, sino que tiene un deber positivo de protección reforzada hacia las personas mayores.
La edad no debe operar, por sí sola, como una presunción administrativa de incapacidad. Cuando se discrimina por la edad, se barre la dignidad de los envejecientes, agregó Vargas.