Los ministros de Finanzas de los Estados miembros, representados en el Consejo de la UE, actualizaron ayer la conocida como lista negra de paraísos fiscales. Son 12: Samoa Americana, Anguila, Dominica, Fiyi, Guam, Palau, Panamá, Samoa, Seychelles, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes Americanas y Vanuatu. Sin embargo, el elefante en la habitación sigue siendo la competencia desleal en materia de impuestos de varios estados miembros de la UE.
En una resolución del pasado 21 de enero, el Parlamento Europeo (PE) pidió a los ministros europeos de Finanzas impulsar una reforma integral de la lista –adoptada por primera vez en 2017– para examinar y potencialmente incluir a los estados miembros que se comporten como paraísos fiscales.
Los eurodiputados proponen cambios para dotarle al listado de países y territorios no cooperadores en materia fiscal (su nombre oficial) de mayor transparencia, coherencia e imparcialidad.
La Comisión Especial sobre Delitos Financieros y Evasión y Elusión Fiscales (TAX3) señaló en 2019 a siete países de la UE por mostrar «rasgos de un paraíso fiscal y facilitar una planificación fiscal agresiva»: Bélgica, Chipre, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Países Bajos.
Un estudio reciente de Tax Justice Network (red compuesta por ONGs, académicos, sindicatos…) ha revelado que mientras los países de la lista negra de la UE son responsables de menos del 2 por ciento de las pérdidas fiscales globales, los estados miembros de la UE representan el 36 por ciento de las pérdidas fiscales globales, lo que se traduce en 154.000 millones de dólares anuales.
Además, la lista –que se renueva dos veces al año– no incluye a ninguno de los 20 peores paraísos fiscales corporativos del mundo.