Santo Domingo, RD.- La jueza de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Nancy Salcedo Fernández, manifestó su preocupación por el incremento de los feminicidios y los casos de violencia de género en República Dominicana y la región, al tiempo que reafirmó el compromiso de la justicia de ofrecer respuestas efectivas a las víctimas dentro del marco del Estado de derecho y las garantías constitucionales.
Durante su participación en el panel “La Paridad de Género en las Altas Cortes: Retos e impacto sustantivo en la administración de Justicia”, celebrado en el marco del Primer Encuentro Regional de Magistradas de Altas Cortes de Latinoamérica y el Caribe, organizado por la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Constitucional, la magistrada Salcedo sostuvo que la perspectiva de género constituye una herramienta fundamental para identificar y corregir desigualdades históricas y estereotipos que afectan el acceso a la justicia de las mujeres.
No obstante, enfatizó que su aplicación debe realizarse con apego a los principios de objetividad, imparcialidad y debido proceso, de manera que contribuya al fortalecimiento de la justicia y a la protección efectiva de los derechos de todas las personas involucradas en un proceso judicial.
“La creciente incidencia de los feminicidios nos obliga a reflexionar sobre el rol de la justicia y sobre la necesidad de seguir fortaleciendo mecanismos que permitan una respuesta oportuna, sensible y efectiva frente a la violencia de género, siempre dentro del marco de las garantías constitucionales”, expresó.
La magistrada explicó que la perspectiva de género no constituye una ventaja procesal para una de las partes, sino una metodología que permite a los jueces comprender contextos de vulnerabilidad y discriminación, contribuyendo a decisiones más justas y libres de prejuicios.
En ese sentido, recordó que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha establecido criterios claros para la valoración de las pruebas en casos de violencia de género, violencia intrafamiliar y delitos sexuales, garantizando que las decisiones judiciales se fundamenten en evidencias válidas y suficientes, sin menoscabo del derecho de defensa ni de la presunción de inocencia.
Salcedo Fernández citó la sentencia núm. 001-022-2021-SSEN-01308 de la Segunda Sala de la SCJ, la cual dispone que cuando el testimonio de la víctima constituye el elemento central de la acusación, este debe ser evaluado conforme a parámetros objetivos, que incluyen la ausencia de incredulidad subjetiva, la persistencia incriminatoria y la corroboración periférica.