Todo dominicano debe sentirse profundamente indignado por la prohibición que impidió celebrar en Santiago el partido entre el Violette AC, de Haití, y el Portmore United, de Jamaica. Personalmente me indigna por los deportistas afectados. Me indigna, sobre todo, el mensaje que recibe el país: mientras las comunidades deben movilizarse durante meses para defender el agua, la salud o sus viviendas, un reducido grupo de fascistas/racistas anti-haitianos exige excluir a los haitianos y puede celebrar junto al Gobierno que ha satisfecho su demanda. Esa es la escena: un grupo hostil impone su criterio, el Estado lo adopta y luego ambos posan como si se tratara de una decisión legítima.
Concacaf aplazó el encuentro previsto para el 20 de octubre después de que las autoridades dominicanas ratificaran la prohibición de utilizar instalaciones deportivas del país para partidos de representaciones haitianas. El Violette denunció que le retiraron una autorización previamente concedida cuando las delegaciones ya estaban presentes. El grupo que había anunciado una movilización para impedir el juego celebró el resultado como una victoria. No hubo, pues, un simple “aplazamiento”: hubo una presión anunciada, un objetivo cumplido y un Gobierno que produjo el desenlace que esa presión buscaba.
En mi opinión, este desenlace constituye una abierta alianza gobierno-fascistas, una victoria política del racismo y de una práctica que legaliza el fascismo: convertir a una población en enemigo colectivo y presionar para expulsarla del espacio público. El Gobierno tiene responsabilidad propia por adoptar una prohibición general; no puede esconderse detrás de quienes la reclamaron.
El escándalo ya es suficientemente grave: una insignificante agrupación que anunció que impediría un encuentro deportivo vio cumplido su objetivo y pudo presentar la decisión gubernamental como un triunfo suyo. Eso no es un daño colateral: es el resultado principal.
La nacionalidad convertida en culpabilidad
El ministro Kelvin Cruz invocó los incidentes del partido entre las selecciones dominicana y haitiana del 1 de octubre. Hubo problemas de acceso y daños que deben investigarse. Pero ¿qué responsabilidad tuvo el Violette AC? ¿Dónde está el informe que justifica retirarle su autorización? ¿Cómo se pasa de conductas individuales a una prohibición que alcanza a otros clubes por proceder del mismo país? Esas preguntas no son retóricas: son la prueba de que no se está castigando una responsabilidad demostrada, sino administrando una sospecha colectiva.
El propio presidente de Fedofútbol reconoció dificultades organizativas y de seguridad: esperaban entre 10,000 y 12,000 espectadores y vendieron 23,604 entradas. Calificó lo sucedido como “incidentes menores” y afirmó que las revisiones contribuyeron a la desesperación del público. Esos datos obligaban a investigar responsabilidades de organizadores, autoridades y asistentes. En cambio, el Gobierno extendió la consecuencia a representaciones haitianas ajenas a aquel encuentro. La nacionalidad terminó sustituyendo la responsabilidad demostrada.
Ese mecanismo resulta conocido y por eso mismo es más grave. Se culpa al trabajador haitiano, con documentos o sin ellos, del salario miserable, del desempleo, del hospital desbordado, de la precariedad de nuestros barrios y de la falta de aulas. Por beneficios partidarios se enfrenta al pobre dominicano con el pobre haitiano mientras permanecen fuera del banquillo quienes se benefician de salarios bajos, informalidad, explotación y servicios públicos insuficientes.
Los trabajadores haitianos no diseñaron el sistema de AFP y ARS. No aprobaron los privilegios fiscales de los grandes empresarios. No deciden el destino del presupuesto ni negocian las concesiones mineras. Quienes lo hicieron no son pobres, no son negros ni cruzaron el Masacre a pie.
Los responsables de esos males llegan en jets privados, son recibidos en el Palacio Nacional y cuando se van, se llevan el futuro de todo el pueblo dominicano. NO, los haitianos no son los responsables de los males del capitalismo dominicano.
Como pueden ver, el antihaitianismo es traición, pues presta un servicio a los poderosos: desvía la indignación que deberían provocar quienes concentran la riqueza y gobiernan para protegerla hacia otro trabajador.
Firmeza selectiva y soberanía de conveniencia
Mientras tanto, Luis Abinader, el presidente de un país con más de tres millones de sus habitantes fuera del país y cuya economía sobrevive gracias a los más de 10,000 millones de dólares que esos emigrantes envían cada año, decide usar la carta de “la soberanía” en contra de los vecinos, para desviar la atención y el enoje del pueblo, de los verdaderos responsables su sufrimiento y de su miseria.
La contradicción se agrava aún más cuando examinamos su política exterior. En noviembre de 2025, Luis Abinader autorizó temporalmente el uso de espacios restringidos en San Isidro y Las Américas para operaciones logísticas estadounidenses, presentadas como cooperación antinarcótica. También participó en la cumbre “Escudo de las Américas”, convocada por Donald Trump. Ese alineamiento expresa una política entreguista y funcional a la estrategia de Washington de disciplinar América Latina y contener las alternativas socialistas.
El contraste es vergonzoso: se exhibe soberanía frente a un club de fútbol haitiano mientras se ofrecen facilidades a la potencia que históricamente ha intervenido nuestro país y que en la actualidad nos trata como patio trasero. Abinader endurece el gesto frente al vecino empobrecido y se ablanda frente a Washington. No es firmeza: es selectividad. No es soberanía: es teatro.
Pero la obra no ha terminado. Considero imprescindible que exijamos que se publique la orden que impidió el partido, que se explique su fundamento y que se revise la prohibición general. Exijamos responsabilidades individuales por cualquier daño, sin trasladar culpas a toda una nacionalidad. Exijamos que ningún grupo pueda convertir su hostilidad contra los haitianos en criterio de gobierno.
El racismo obtuvo una victoria en este episodio. El presidente es responsable de haber producido un resultado que sus promotores celebran. Corresponde al pueblo luchar para que esa victoria no se convierta en costumbre.
Defender a los trabajadores haitianos frente al odio también es defender la unidad de los trabajadores dominicanos y su capacidad de enfrentar a quienes los explotan.
Que el Gobierno escuche una voz organizada, persistente y nacional: queremos derechos, soberanía y justicia social; no aceptamos que se nos ofrezca odio contra otro pobre como sustituto.