OPINION: La República Dominicana no puede seguir acostumbrándose al dolor. No puede seguir contando mujeres muertas como si fueran cifras. El feminicidio se ha convertido en una herida abierta en la sociedad dominicana, una herida que está dejando niños huérfanos, familias destruidas y comunidades marcadas por el miedo y la violencia.
En los primeros meses del año 2026, los feminicidios se han triplicado en comparación con el mismo período del año anterior. En apenas tres meses ya suman 24 mujeres asesinadas. Pero no son números: son vidas, son madres, son hijas, son mujeres jóvenes en su mayoría, con sueños, con futuro, con familias que hoy viven el dolor de una ausencia que nadie puede reparar.
Llama poderosamente la atención que este incremento de la violencia contra la mujer ocurra precisamente en el mes de marzo, el mes en el que el mundo conmemora la lucha histórica por los derechos de las mujeres, la igualdad y la dignidad humana. Es profundamente doloroso que mientras el mundo recuerda la lucha de las mujeres por sus derechos, en la República Dominicana muchas mujeres estén perdiendo la vida. Esta contradicción debe llamar a la reflexión nacional, porque no puede haber discursos sobre derechos si las mujeres siguen muriendo por violencia.
Esta preocupación fue externada por Alejandrina Germán, integrante del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, acompañada de un colectivo de dirigentes integrado por miembros del Comité Político, del Comité Central y de la Secretaría de Igualdad y Equidad de Género, en la acostumbrada rueda de prensa de los días lunes, realizada en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez del PLD.
La exministra de Educación y exministra de la Mujer estuvo acompañada por las miembros del Comité Político Karen Ricardo, Kenia Lora y Margarita Pimentel; así como por las miembros del Comité Central Mery Kasse, Blassina Reyes, Ana María Peña, Luisa Ramírez, Beatriz Ovalle y Miguelina Acosta, junto a la vicesecretaria de Igualdad y Equidad de Género, Ruth de León, quienes expresaron su preocupación ante el alarmante aumento de los feminicidios en la República Dominicana.
En ese mismo escenario, y en mi condición de Titular de la Secretaría de Igualdad y Equidad de Género, levantamos nuestra voz con preocupación, pero también con responsabilidad. Porque esta violencia no solo ocurre en nuestros barrios y ciudades; también ha cruzado el mar, y hoy también lloramos a dominicanas que emigraron en busca de una mejor vida y encontraron la muerte lejos de su tierra. La violencia contra la mujer se ha convertido en un problema de Estado, de derechos humanos y de humanidad.
Lo más doloroso de esta tragedia es que muchos de estos feminicidios pudieron evitarse. Muchas de estas mujeres denunciaron, pidieron ayuda, acudieron a las instituciones, y no recibieron la protección a tiempo. Cuando una mujer denuncia violencia y no recibe protección, el Estado falla. Y cuando el Estado falla, la violencia mata.
Un elemento particularmente preocupante en esta crisis es que varios de los feminicidios ocurridos en el último año y en lo que va de este han sido cometidos por agentes policiales y militares, es decir, por hombres que están llamados constitucionalmente a proteger la vida y la seguridad de la ciudadanía. Este hecho reviste una gravedad aún mayor, porque cuando quien debe proteger se convierte en agresor, el problema deja de ser solo individual y se convierte en un problema estructural del Estado. Esta realidad obliga a revisar con urgencia los protocolos de evaluación psicológica, el control del porte y uso de armas de reglamento, el seguimiento institucional a los miembros de los cuerpos armados y la formación en manejo de conflictos, control emocional y violencia de género. Prevenir también es proteger.
A esto se suma otra realidad alarmante: mujeres que sobreviven a intentos de feminicidio, pero quedan mutiladas, desfiguradas, sin posibilidad de trabajar, condenadas junto a sus familias a la pobreza, al trauma y al abandono institucional. Esa también es una forma de violencia que el país debe mirar y atender con responsabilidad.
Desde el Partido de la Liberación Dominicana fijamos una posición clara: la protección de la vida de las mujeres dominicanas debe ser una prioridad nacional. Es urgente fortalecer las fiscalías especializadas, garantizar órdenes de protección oportunas, aumentar las casas de acogida, capacitar a la Policía Nacional en el manejo de la violencia de género, revisar los protocolos de control de armas y establecer mecanismos de seguimiento a las denuncias para evitar que el Estado llegue tarde.
Pero esta crisis no se resolverá únicamente con medidas policiales o judiciales. Esta es una problemática que obliga a articular e integrar a todo el aparato del Estado dominicano. El Ministerio de Educación debe asumir un rol fundamental desde el currículo, desde la formación en valores, la educación emocional, la cultura de paz y el respeto a la vida.
Es urgente involucrar el personal docente, las familias y los estudiantes, porque la violencia también se previene educando. Asimismo, las políticas sociales del Estado deben fortalecerse para reducir la dependencia económica, la desigualdad y la falta de oportunidades, factores que muchas veces obligan a las mujeres a permanecer en círculos de violencia. La educación, la protección social, el empleo, la salud mental, la justicia y la seguridad deben trabajar de manera articulada, porque la prevención de la violencia contra la mujer no es tarea de una sola institución, es una responsabilidad de todo el Estado.
La violencia contra la mujer también se combate con educación, con oportunidades, con empleo, con autonomía económica y con políticas públicas que permitan a las mujeres vivir sin depender de quien las maltrata. Una mujer con independencia económica tiene más posibilidades de salir de una relación violenta y salvar su vida.
Hoy hacemos un llamado urgente al Estado dominicano, pero también a toda la sociedad. La violencia contra la mujer no es un problema privado, es un problema social, cultural y estructural que nos afecta como país. No podemos seguir normalizando la violencia. No podemos seguir llegando tarde. No podemos seguir reaccionando cuando ya hay una mujer muerta.
La República Dominicana tiene que decidir qué va a hacer frente a esta realidad. Porque cuando matan a una mujer, no solo muere una persona: se destruye una familia, se rompe una comunidad y se hiere profundamente el futuro del país.
La vida de las mujeres dominicanas debe ser una prioridad nacional. Protegerlas no es un favor: es una obligación del Estado y prevenir la violencia es proteger, es incluir y es actuar a tiempo.