La muerte de Deivi Carlos Abreu Quesada no puede reducirse a un hecho violento más. Es, ante todo, un acontecimiento profundamente humano que interpela la conciencia colectiva y, de manera directa, la responsabilidad del Estado en su deber de proteger la vida.
Deivi no solo pidió auxilio.
Deivi dijo: “me van a matar”.
Ese grito no fue una frase más. Fue una alerta vital. Un llamado urgente a la intervención. En cualquier sociedad que funcione, ese tipo de expresión activa de inmediato mecanismos de protección. Sin embargo, en este caso, no ocurrió.
Hubo quienes miraron.
Hubo quienes grabaron.
Hubo quienes estuvieron… pero no actuaron.
Pero más allá de la conducta social que también debe ser cuestionada, este hecho obliga a centrar la mirada en una pregunta mayor:
¿Qué hizo el Estado cuando un ciudadano pidió ayuda en un entorno que debía garantizar protección?
Se ha dicho que la víctima no logró ingresar al recinto. Pero incluso si aceptamos esa versión, la interrogante es aún más grave:
¿Dónde estaba la seguridad perimetral?
¿Dónde estaba el patrullaje en una zona institucional?
¿Dónde estaban los protocolos de respuesta inmediata?
Porque la seguridad no comienza en la puerta de una institución.
La seguridad es un sistema.
Y cuando ese sistema falla, la responsabilidad no puede diluirse.
Aquí es necesario hablar con claridad.
A la ministra Faride Raful:
el país necesita algo más que una explicación. Necesita garantías de que situaciones como esta no volverán a repetirse. La seguridad ciudadana no puede limitarse a declaraciones posteriores; debe traducirse en presencia efectiva, prevención y reacción inmediata.
A la procuradora Yeni Berenice Reynoso:
es indispensable que la investigación no se limite a los autores materiales. También debe examinar las posibles omisiones institucionales. Porque cuando un ciudadano pasa sus últimos minutos pidiendo auxilio en las cercanías de una sede judicial, sin recibir asistencia, la justicia no puede mirar hacia otro lado.
Este caso exige justicia penal, sí.
Pero también exige responsabilidad administrativa y revisión de protocolos.
Porque hubo momentos en los que se pudo intervenir.
Hubo instantes en los que se pudo evitar que se desangrara.
Y no se hizo.
Y eso también debe tener consecuencias.
Al mismo tiempo, la sociedad no puede quedar exenta de reflexión.
Vivimos en una cultura donde el dolor se observa, se graba y se comparte, pero no siempre se asume. Donde la presencia no garantiza acción. Donde la empatía se debilita.
Esto tiene nombre: difusión de la responsabilidad.
Pero más allá del concepto, tiene una consecuencia concreta: la vida humana queda desprotegida.
Hemos fallado no solo a las leyes, sino a un principio esencial que sostiene toda convivencia:
amar al prójimo como a uno mismo.
No como discurso.
Sino como acción.
Este no es solo un caso judicial.
Es un punto de inflexión.
Un llamado: a los agresores, que deberán responder ante la ley;
a las autoridades, que deben garantizar seguridad real;
a las instituciones, que deben revisar sus fallas;
y a los ciudadanos, que no pueden seguir siendo espectadores.
Porque en momentos como este,
no actuar también es una forma de fallar.
Hay una pregunta que no podemos evadir:
Si ese hombre hubiese sido un ser querido tuyo…
¿habrías actuado igual?
Deivi Carlos Abreu Quesada no es solo una víctima.
Es un espejo.
Y lo que refleja es una verdad incómoda:
cuando el Estado no responde
y la sociedad no actúa,
la vida queda sola.
Y cuando la vida queda sola,
falla todo.