Santo Domingo, RD.- Las informaciones que continúan surgiendo sobre el caso de los niños, niñas y adolescentes encontrados en el establecimiento denominado Fundación Restaurando Vidas aumentan nuestra preocupación y nos obligan, como Estado, a formular preguntas que deben recibir respuestas claras.
Hemos conocido que este establecimiento no contaba con la habilitación requerida para ofrecer servicios de cuidado o atención residencial a niños, niñas y adolescentes y que ya había sido objeto de una intervención de las autoridades en septiembre de 2025, luego de detectarse irregularidades.
Ese antecedente cambia necesariamente la dimensión de este caso.
Como Comisión de Niñez y Familia de la Cámara de Diputados, consideramos que no solamente debemos investigar los maltratos denunciados. También debemos determinar qué ocurrió después de aquella primera intervención y cómo un establecimiento que carecía de habilitación pudo continuar o volver a operar teniendo menores de edad bajo su cuidado.
La protección de nuestros niños no puede terminar con una inspección, una advertencia o una intervención.
Las decisiones de las autoridades tienen que tener seguimiento y, sobre todo, tienen que cumplirse.
Por eso consideramos necesario que las instituciones correspondientes sobretodo Ministerio Público, rinda las informaciones que permitan establecer cuál fue el seguimiento realizado después de la intervención que hizo el CONANI en septiembre de 2025, cuáles medidas fueron adoptadas por el ministerio público , a cuáles otras autoridades se notificaron todas las irregularidades detectadas y por qué, pese a esos antecedentes, nuevamente fueron encontrados menores en ese establecimiento.
No planteamos estas interrogantes con el propósito de prejuzgar responsabilidades. Las planteamos porque el Estado tiene la obligación de revisar sus propios mecanismos cuando los sistema de protección presentan señales de que algo pudo haber fallado.
Al mismo tiempo, corresponde al Ministerio Público realizar una investigación exhaustiva y apegada al debido proceso para determinar las responsabilidades individuales correspondientes. Si las evidencias demuestran que hubo personas responsables de maltratar, permitir o participar en vulneraciones contra estos menores, deben ser procesadas conforme a nuestras leyes.
Nuestra responsabilidad tampoco termina con determinar culpables.
Necesitamos saber cuánto daño recibieron estos niños y qué vamos a hacer para repararlo.
Valoramos que los menores bajo protección estén siendo sometidos a evaluaciones médicas y psicológicas. Sin embargo, solicitamos que estas evaluaciones permitan establecer una relación integral de los daños físicos, psicológicos y emocionales, y que cada niño cuente con un plan individualizado de tratamiento, protección, acompañamiento y seguimiento durante todo el tiempo que sea necesario.
No podemos rescatarlos hoy y olvidarlos mañana.
Como Comisión de Niñez y Familia, consideramos además que este caso debe conducirnos a una revisión del sistema de habilitación, supervisión y seguimiento de todas las instituciones que albergan o prestan servicios a niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana.
Necesitamos saber cuáles están habilitadas, cuáles operan fuera de la normativa, cuándo fueron inspeccionadas por última vez y qué mecanismos garantizan que una institución intervenida o impedida de prestar determinados servicios no continúe haciéndolo.
Este caso debe marcar un antes y un después.
No basta con detectar.
No basta con intervenir.
No basta con advertir.
Hay que dar seguimiento.
Hay que hacer cumplir las decisiones.
Cuando se vulneran los derechos de nuestros niños, hay que establecer responsabilidades.
Desde la Comisión de Niñez y Familia estaremos atentos, solicitaremos las informaciones correspondientes y acompañaremos las acciones que sean necesarias dentro de nuestras atribuciones para contribuir al fortalecimiento del sistema de protección.
Mantendremos nuestra prioridad donde debe estar, en los niños.
Que se investigue lo ocurrido.
Que se determine qué falló.
Que responda quien tenga que responder conforme a la ley.
Y que cada uno de esos niños reciba la atención y el acompañamiento necesarios para sanar.
La niñez dominicana necesita un Estado que no solamente intervenga cuando ocurre una tragedia, sino un Estado que prevenga, supervise, dé seguimiento y actúe a tiempo.