Santo Domingo, RD. – La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, saludó el anuncio hecho por el presidente de la república Luis Abinader, de que el gobierno dominicano llegó a un acuerdo “amigable” con la concesionaria de la Autopista del Nordeste (autopista de Samaná) para dar por terminado el “peaje sombra”, mediante el cual el Estado debía pagar cada año miles de millones de pesos a la empresa contratista para compensar el déficit generado por el poco flujo de vehículos.
Julio César De la Rosa Tiburcio, presidente de la entidad de la sociedad civil, pidió que los responsables de negociar ese contrato en perjuicio del pueblo dominicano deben ser sometidos a la justicia, quienes de seguro recibirán parte de lo que le será entregado, para poner fin al pago de miles de millones de pesos cada año por concepto del pago del peaje sombra.
El acuerdo anunciado por Abinader establece que el Estado pagará la suma de US$410 millones para finalizar el contrato de concesión con la empresa Autovía del Nordeste, explicó que ese monto, es aproximadamente, lo que habría que pagar por “peaje sombra” en los próximos cuatro años y cuatro meses, sin contar lo que generarían los peajes una vez hayan sido transferidos al fideicomiso estatal RD Vial.
De no haber llegado a su fin el peaje sombra de la Autopista del Nordeste, el Estado dominicano, debía pagar más de 1,900 millones de dólares en lo que restaba de contrato.
El contrato entró en ejecución en el año 2005, con una cláusula que obligaba al Estado dominicano a compensar a la sociedad Autopista del Nordeste S.A., todo el estimado de ganancias que esta no alcanzara a percibir con las recaudaciones del peaje, el acuerdo vencía en el año 2038 y a la fecha el Estado dominicano ya había pagado más de 26,835 millones de pesos, en una carretera que costó US$154 millones, e inaugurada en el año 2008.
MP presenta más de 15 mil páginas de evidencias en Caso Coral 5G
Santo Domingo, RD. -“El Ministerio Público acaba de presentar sus más de 15 mil páginas de evidencias. Evidencias que son irrefutables y que ponen en condición a la jueza de imponer la medida de coerción que va a solicitar el Ministerio Público, que es prisión preventiva”, sostuvo la noche del jueves el procurador adjunto Wilson Camacho en referencia al Caso Coral 5G.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) adelantó que los fiscales tienen previsto concluir este viernes con la presentación de la solicitud de la medida de coerción, en la audiencia programada para empezar a las 10:00 de la mañana.
“Motivaremos las razones por las que este caso debe ser declarado complejo e indicaremos al tribunal la medida de coerción que habremos de solicitar para cada uno de los imputados”, expresó.
Mientras respondía preguntas de los periodistas que cubren el proceso luego de la suspensión de la audiencia, Camacho precisó que el cuerpo de fiscales cumple con el calendario y que hace lo que le corresponde para que el tribunal tome una medida acorde con los hechos graves que se han presentado, con las evidencias que tienden a que sea acogida la petición del Ministerio Público.
La jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, luego de agotado el programa del jueves, dispuso el aplazamiento de la audiencia para este viernes a partir de las 10:00 de la mañana.
El Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción junto a más de 700 pruebas que vinculan a los imputados al entramado de corrupción administrativa desmantelado con la Operación Coral 5G, para quienes pide 18 meses de prisión preventiva y que el caso se declare complejo.
La medida fue solicitada en contra de los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Julio Camilo de los Santos (FARD) y Boanerges Reyes Batista (ARD), así como del capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).
También, contra el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.
En el caso del general De los Santos Viola, se conocerá en otra audiencia, cuando la Corte de Apelación del Distrito Nacional decida sobre la recusación a la jueza Romero.
El auto de solicitud de coerción incluye documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y una serie de elementos probatorios.
En el proceso también representan al Ministerio Público los fiscales Mirna Ortiz, coordinadora litigación de la Pepca; Miguel Collado, María Melenciano, Jonathan Pérez, Emmanuel Ramírez, Arolin Lemos Féliz y Melvin Romero.
El grupo de imputados de la Operación Coral 5G es custodiado por el sistema penitenciario en el Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional (Caplip) del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.
A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les ha ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.
La Operación Coral 5G se ejecutó con 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada, dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.
Estas nuevas acciones contra la corrupción administrativa se suman a las realizadas por la Operación Coral, por la que también desde mayo pasado cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.