La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha anunciado este miércoles que abrirá formalmente una investigación a Venezuela por presuntas violaciones de los Derechos Humanos, si bien ha aclarado que, por ahora, «no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo».
El anuncio llega tras tres días de visita a Venezuela del fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, quien ha comparecido ante los medios junto al presidente Nicolás Maduro para firmar un memorándum en el que se explica que la entidad que dirige «ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela».
«(La Fiscalía) ha determinado que procede abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma», ha destacado.
«Soy plenamente consciente de las fallas que atraviesa y tiene Venezuela, de las divisiones geopolíticas que existen», pero «nosotros no somos políticos, nos guían principios de legalidad y el Estado de derecho», ha remarcado Khan.
Delitos de lesa humanidad como torturas y violaciones
El caso se remonta a 2018, cuando la Fiscalía de la CPI comenzó una investigación por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad durante las manifestaciones y malos tratos a opositores en algunas cárceles.
El tribunal internacional hizo público un informe anual en diciembre de 2020 en el que enumeraba delitos cometidos por las fuerzas de seguridad, entre ellos el de tortura, violación y otras formas de violencia sexual, persecución por motivos políticos y encarcelamiento en violación de las normas fundamentales del derecho internacional.
Entre los cuerpos de seguridad a los que señalaba de cometer esos delitos estaba el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada).
Sin embargo, el documento firmado ahora determina que, en el examen preliminar, previo a la apertura formal de la investigación, «no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo», la «investigación tiene por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona».
Maduro no comparte la decisión
En su declaración, Maduro ha asegurado que respeta, pero no comparte, la decisión adoptada por la Fiscalía de la CPI. «Después de esta evaluación y este debate, el fiscal ha decidido pasar a la siguiente fase para buscar la verdad. Respetamos su decisión como Estado, aunque le hemos manifestado que no la compartimos», ha afirmado.
Ha sostenido que, antes de que se anunciara esta decisión y durante «la llamada fase de examen preliminar, no (se) le permitió al Estado venezolano conocer la documentación y el contenido que se evaluaba» en la CPI, una instancia judicial de último recurso que se rige por el principio de complementariedad.