Santo Domingo, RD.– El abogado del Partido Humanista Dominicano (PHD), Bunel Ramírez Merán, denunció que la impugnación presentada ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) busca impedir la celebración de la VII Convención Nacional Ordinaria.
Según afirmó, la acción es promovida por el expresidente de la organización, Eléxido Paula, y el secretario de Organización, Julián Burgos Bonilla.
Durante una rueda de prensa en la sede del partido, el especialista en derecho contencioso electoral sostuvo que ambos dirigentes representan a un sector minoritario que ha recurrido a los tribunales porque carece del respaldo necesario para competir en las urnas.
“Esos dirigentes tratan de impedir a toda costa la celebración de la convención ante la certeza de que se encuentran en una evidente minoría, que no cuenta con el respaldo de las bases ni de los organismos estatutarios”, expresó.
Sus declaraciones se producen ante la audiencia fijada por el TSE para el 19 de octubre de 2026, cuando se conocerá la demanda que busca anular varias resoluciones internas.
El jurista defendió la validez de esas decisiones y aseguró que fueron aprobadas por los órganos correspondientes.
Ramírez Merán alegó que los promotores incluyeron a personas ajenas al PHD y con afiliación a varias agrupaciones para aparentar un mayor apoyo dentro de la entidad.
“De acuerdo con el cruce oficial de registros partidarios realizado por la Junta Central Electoral (JCE), de los 266 supuestos impugnantes que figuran en el expediente, únicamente 11 ostentan afiliación exclusiva al PHD, mientras que los restantes 255 figuran formalmente registrados en otras organizaciones políticas”, dijo.
Garantía del derecho al voto
Aseguró que los 11 afiliados que figuran únicamente en el PHD tienen garantizado su derecho al voto, tras las gestiones realizadas por el presidente del partido ante el órgano electoral, “aun cuando no hubiesen participado en el proceso de verificación del padrón llevado a cabo por mandato del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), con la participación de delegados de los diferentes candidatos a la presidencia y la veeduría de miembros la Comisión Nacional Electoral (CNE) del PHD”.
Recordó que el reglamento de la JCE en materia de afiliaciones y desafiliaciones contempla la inactividad por duplicidad de inscripción y los mecanismos para resolverla, lo que despoja de legitimación a los demás demandantes que pretenden reclamar derechos internos en la entidad política.
“A la falta de representatividad orgánica se suma la gravedad de los medios empleados”, apuntó.
El abogado Ramírez Merán denunció, asimismo, que entre los documentos depositados para justificar la demanda figuran poderes de representación con firmas cuya autenticidad ha sido repudiada y desconocida por los propios ciudadanos a quienes se les atribuyen.
Por tales razones -prosiguió diciendo-, exigió que la jurisdicción electoral esclarezca estas irregularidades y verifique minuciosamente la existencia de un consentimiento genuino y libre para ejercer la representación procesal.
En ese sentido, señaló de forma directa al expresidente del partido, Eléxido Paula; al secretario de organización, Julián Burgos Bonilla, y a la secretaria de Actas y Correspondencias, Mayra Méndez, “como los articuladores de esta estrategia que busca secuestrar la voluntad colectiva del partido e imponer por sentencia judicial lo que no pueden lograr mediante el sufragio de los afiliados”.
Responsabilizó a ambos dirigentes la responsabilidad de promover una acción carente de sustento democrático.
El profesional del derecho hizo un llamado “respetuoso y enérgico” al Tribunal Superior Electoral para que sopese con rigor la calidad jurídica de los impugnantes, la validez sustantiva de sus poderes y el trasfondo de una demanda que procura asfixiar los procesos internos del partido.
“Los tribunales de la República no pueden ser instrumentalizados por sectores minoritarios para desplazar a las autoridades legítimas o frustrar el libre ejercicio del derecho de reunión y elección de los partidos”, destacó.
Finalmente, el representante legal del PHD alertó al sistema de partidos sobre el riesgo de que estas prácticas de judicialización obstructiva se repliquen en otras organizaciones, exhortándolos a blindar sus padrones, notificar las duplicidades a la JCE y resguardar su soberanía orgánica., al tiempo que reafirmó la confianza del PHD en la probidad del TSE y solicitó un fallo garantista que tutele la seguridad jurídica, el debido proceso y la autonomía de las formaciones políticas frente a intentos de entorpecimiento procesal.