El presidente Luis Abinader dejó en funcionamiento este lunes la primera etapa de la Avenida Paseo del Río, en el proyecto Nuevo Domingo Savio, que implicó una inversión inicial de 1,600 millones de pesos.
El mandatario dijo que esos recursos fueron utilizados tanto para la construcción del proyecto como para el pago de la indemnización a las 1,727 familias que vivían en el área y que fueron trasladadas.
En el acto, el mandatario anunció el inicio de la construcción de la Escuela de Los Guandules una de las prioridades más demandadas por el sector, y que próximamente iniciarían la construcción del Politécnico en la Ciénega.
Aseguró que estarán trabajando para que cada una de las familias que queden viviendo en el sector, en zonas seguras y fuera de peligro, le sea entregado su título de propiedad, lo cuales serán otorgados en los próximos meses.
La Avenida Paseo del Río tiene como objetivo principal, mejorar la calidad de vida de las comunidades que se encuentran en las riberas de los ríos Ozama e Isabela mediante la creación de vías de acceso, facilidades deportivas, espacios públicos de recreación y otras acciones que permitan que estas comunidades que se encuentran en condiciones de marginalidad puedan disfrutar de fácil acceso a servicios básicos de salud, servicios de recogida de basura, servicio de asistencia a emergencia 9-1-1, al tiempo que se pone fin al riesgo que sufrían estas familias debido a los fenómenos.
Este proyecto se desarrolla en una longitud de 3.3 kilómetros. La vía consta de 4 carriles, los cuales incluyen además espacios para estacionamiento de autobuses a todo lo largo de la vía, amplias aceras provistas de bancos y un área exclusiva para ciclo vía.
“Este primer tramo del proyecto tiene una longitud de 1,043 metros y actualmente está completamente finalizado. Ubicado en el sector de los Guandules, iniciando a pocos metros de los cimientos de puente Francisco del Rosario Sánchez y finalizando en la Cañada de Bonavide. Estos espacios constituían una de las zonas de más alta marginalidad de la ciudad y de imposible acceso para vehículos que pudieran brindar servicios básicos a la comunidad.
La alcaldesa Carolina Mejía dijo que ante esos espacios eran además el destino final de toneladas de residuos sólidos los cuales terminaban en las aguas de Rio Ozama.
“Esta nueva vía se convertirá en una barrera que evitará que la basura de los barrios en el entorno llegue hasta el río, incidiendo en el saneamiento y recuperación de este recurso. Adicionalmente nos permitirá que camiones pequeños de la Alcaldía del) puedan tener acceso al área, hacer la recogida de residuos sólidos, así como encargarse de la limpieza, ornato y mantenimiento del área, agregó Mejía.
Apoderan tribunal para decidir recusación contra jueza del caso Coral 5G
La jueza de segunda instancia Isis Muñiz será la encargada de decir si la magistada Kenya Romero podrá conocer la medida de coerción de los imputados en el caso Coral 5G o si por el contrario se designa a otro en su lugar.
Muñiz, quien cumple funciones en la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fue apoderada para resolver la recusación que se presentó contra Romero, situación que mantiene paralizada desde hace casi una semana la audiencia de medida de coerción del general Juan Carlos Torres Robiou y los demás implicados en este caso de corrupción.
El pasado martes, la jueza Romero fue recusada por los abogados del general Julio Camilo de los Santos Viola alegando que está predispuesta pues en mayo conoció la coerción a los encartados del caso Coral (del se desprende este), e impuso prisión preventiva al mayor general Adán Cáceres y otros cuatro procesados.
De acuerdo con el Código Procesal Penal, una vez lq Corte de Apelación recibe la documentación de la recusación deberá resolverlo dentro de tres días.
La normativa indica, además, que la decisión del tribunal de alzada no podrá ser recurrida.
Sobre la recusación, Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que lo único que puede conseguir la defenda de De Los Santos Viola es una dilación innecesaria del proceso.
«Está perdiendo algo de vista, pueden retrasar, pero la fuerza de la verdad los va a perseguir, los va a perseguir por una razón elemental: cada afirmación que hace el Ministerio Público en este proceso está probada más de 10 veces”, afirmó el martes el procurador adjunto.
En este caso de corrupción en entidades castrenses están imputados los generales Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur); Julio Camilo de los Santos Viola, Boanerges Reyes Batista, así como al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo y al teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez.
También, el teniente coronel Kelman Santana Martínez y al mayor José Manuel Rosario Pirón. Igualmente, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, el empresario Félix Ramos Ovalle y la gerente bancaria Esmeralda Ortega Polanco.
El grupo de imputados de la Operación Coral 5G es custodiado por el sistema penitenciario en el Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional (Caplip) del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.
A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les ha ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.
La Operación Coral 5G se ejecutó con 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada, dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.
Estas nuevas acciones contra la corrupción administrativa se suman a las realizadas por la Operación Coral, por la que también desde mayo pasado cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.