Santo Domingo, RD. – Al conmemorarse hoy, 17 de agosto de 2022, el décimo aniversario del fallecimiento de la joven Rosaura Almonte Hernández y bajo la consigna “La ley dominicana le causó la muerte”, varias organizaciones y colectivos sociales denunciaron hoy frente al Congreso Nacional el peligro que representa para las mujeres y las niñas la prohibición total del aborto en cualquier circunstancia, incluso para salvar sus vidas.
Durante el emotivo acto donde además estuvieron las familias de otras tres mujeres que también fallecieron por la falta de acceso a una interrupción del embarazo que era necesaria para salvar su vida, se reiteró el llamado al presidente de la República, Luis Abinader, a cumplir su palabra de apoyar un proyecto de Código Penal que sí garantice los derechos y a no dejar que el caso de “Esperancita” quede impune ante la justicia dominicana.
Rosaura Almonte Hernández, conocida como “Esperancita”, falleció a sus 16 años luego de ser diagnosticada con leucemia y de que se le negara la quimioterapia porque estaba embarazada. La prohibición absoluta del aborto que aún se mantiene en el país hizo que el personal médico priorizara el cuidado del embarazo sobre la vida de Rosaura.
Tras el caso, su madre Rosa Hernández y familiares de otros casos semejantes se han sumado al movimiento de mujeres que desde hace más de 20 años han luchado por la aprobación del aborto al menos en tres causales: en casos de violación o incesto; en casos de inviabilidad fetal; y cuando el embarazo pone en riesgo la salud o la vida de las mujeres y las niñas.
“Después de la muerte de mi hija, otras mujeres jóvenes han fallecido en circunstancias parecidas. Es indignante que la historia se repita. Es cruel que más familias pierdan a sus hijas, hermanas y sobrinas por una ley que en vez de salvarlas, las condena. Pero no me voy a rendir. En memoria de mi hija, seguiré alzando mi voz hasta que las tres causales sean aprobadas en el Congreso”, aseguró la madre de Esperancita.
Al coincidir este aniversario con el inicio de un nuevo período legislativo, las familias afectadas junto a otras organizaciones y colectivos entregaron a una comisión de legisladores y legisladoras una carta en la que advierten sobre el costo de mantener penalizado el aborto. Muestra de ello son los casos de Rosaura Almonte Hernández (“Esperancita”, 2012), Damaris Mejía (2012), Carmen Dionelys Martínez Bonilla (2018), y Winifer Nuñez Beato (2021).
“Prohibir el aborto no salva
vidas, solo causa la muerte de mujeres y un gran dolor en familias como las nuestras que aún lloramos por sus muertes completamente evitables. Hemos vivido la injusticia en carne propia y no queremos que más familias pasen por esta misma situación. Desafortunadamente, en los últimos 10 años, desde el fallecimiento de mi hija, todas las autoridades del país han desoído nuestros reclamos”, afirmó Hernández durante la entrega de la misiva que fue recibida por una comisión de diputados y diputadas.