Santo Domingo, RD.- Unos 22 médicos fueron apresados durante allanamientos realizados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra profesionales de la salud y centros médicos vinculados al denominado caso SeNaSa 2.0, la segunda etapa de una investigación sobre presuntas estructuras que habrían utilizado al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) para desviar recursos públicos mediante diferentes mecanismos.
Los apresados fueron trasladados a la Procuraduría General de la República por un equipo de la PEPCA, junto con agentes policiales, para ser interrogados en relación con la fase denominada SeNaSa 2.0. Los operativos fueron realizados mediante orden de allanamientos y arresto emitida por un juez de la Instrucción del Distrito Nacional.
Las autoridades han denominado esta etapa SeNaSa 2.0 debido a la ampliación de las pesquisas iniciadas con la denominada Operación Cobra, como parte de las diligencias de investigación que realiza el Ministerio Público para presentar la acusación en la fase preliminar del caso Cobra.
Con relación al primer grupo de personas apresadas por su presunta implicación en el caso SeNaSa, denominado Operación Cobra, y que se encuentran cumpliendo medidas de coerción, figura el exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim, junto con otros imputados, quienes fueron apresados en diciembre de 2025.
Se recuerda que el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, había anunciado desde enero que los investigadores trabajaban en una segunda fase y aseguró que serían llevadas ante los tribunales otras personas que hubieran participado en la presunta sustracción de recursos de la ARS estatal.
El Ministerio Público atribuyó a las maniobras investigadas un impacto superior a RD$15,000 millones sobre las reservas de SeNaSa, aunque las distintas cantidades señaladas en el expediente corresponden a conceptos diferentes y no deben sumarse como si representaran un único monto defraudado.
La segunda etapa busca determinar la participación de otras personas y estructuras que no fueron incluidas en el primer sometimiento.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, reveló en agosto que la investigación permanecía activa y que los fiscales analizaban millones de transacciones y una enorme cantidad de documentación para determinar posibles responsabilidades adicionales.
El Ministerio Público también había adelantado que la nueva etapa no estaría limitada a funcionarios o personas relacionadas con la administración de SeNaSa, sino que podía alcanzar a otros actores vinculados con las operaciones investigadas.