Santo Domingo, RD.- Como el hidrógeno, la moral tal vez sea la condición más ligera y volátil que existe sobre la tierra; pero cuando se trata de encontrarla en el ambiente político, entonces es como si se buscara en el cerdo una molécula de virtud.
Sobre todo, en época de campaña, cuando a algunas organizaciones políticas se les hace un imperativo mantenerse en el poder o acceder a él, es cuando peores acciones se acometen.
En el quehacer político dominicano ha llamado la atención la denuncia de compra de dirigentes de partidos de oposición por parte del PRM, la organización en el poder, convirtiendo el torneo electoral en una especie de mercado persa (donde se compra o se vende cualquier cosa).
Se habla de grandes sumas de dinero invertido en un mercado electoral pervertido: Compras por dinero en efectivo de cédulas, compra por cargos públicos, ascensos o garantía de permanencia a los que detentan alguna posición y hasta promesas de pensión a quienes, ya envejecientes, procuran una protección económica que por lo menos le garantice una cobertura mínima de los achaques propios de esa etapa de su vida, hasta el punto de “convencer” para atraerse al partido de gobierno, a dirigentes opositores que resultaron gananciosos del lamentable proceso electoral realizado el pasado mes de febrero.
Pero todos estos hechos cuestionables, que es como romperle la columna vertebral al sistema de partidos, que es lo mismo que al sistema democrático, constituyen un grano de anís, si lo comparamos con la incidencia, funesta, del narcotráfico en la política dominicana.
Denuncias no comprobadas señalan que en medio del proceso operó la supuesta consigna “voto por gramo”, que equivale a cambiar votos por gramos de drogas, porque hasta en el voto del adicto se pensó para hacer más convincente el triunfo electoral.
No hay que extrañarse de que algo así ocurriera, si poseemos el desagradable record de tener en cárceles estadounidenses a un Miguel Gutiérrez, primer legislador de la historia condenado a 16 años, sin apelación, por delitos de narcotráfico, luego de obtener a fuerza del dinero sucio la más alta votación como legislador del PRM por Santiago, en los comicios del 2020.
En la comunidad de Gurabo, donde creció y se desarrolló el reo no existe una condena moral, ni social, individual o colectiva, a la inconducta de su “héroe”, tomando en cuenta que, desde el cura, hasta decenas de ciudadanos escribieron cartas lastimeras, clamando a los jueces de Miami que manejan su caso, por una condena menos severa.
Como vemos, hasta la moral religiosa que cultivaron los curas en los herméticos muros del seminario se fue a pique, para salvar a este “Ángel caído” qué tan jugoso diezmo entregó a la iglesia de su comunidad.
En las mismas andanzas se halla en una cárcel de New York el ex alcalde por Padre Las Casas y dirigente del PRM para la región Sur, Yamil Abreu Navarro, acusado de tráfico de heroína y otras drogas, como miembro destacado del mexicano Cartel de Sinaloa que fundó el preso a cadena perpetua, Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Según establecieron los organismos antidrogas en el país, en medio de los viciados comicios del 2020 se hablaba de bandas de narcotraficantes que operaban por las distintas regiones del país, que actuaban como verdaderas centrífugas para acarrear dinero para alimentar las candidaturas perremeistas.
Estas, a grosso modo, las sustentaban para la región Este, Juan Maldonado, quien ocuparía la posición de director de Comunidad Digna, y su esposa la hoy diputada Faustina Guerrero Cabrera, cuyo expediente llegó a los tribunales, junto al de su consorte como operación Falcón.
En La Vega entró en acción la banda de Miguel Alfonso López Florencio (Miki López), quien, junto a su esposa, la diputada más votada por su provincia, Rosa Amalia Pilarte, lavaron más de 3 mil millones de pesos, producto de surtir a las discotecas de la región de drogas sintéticas, en forma de pastillas que, por su parecido con los botones de las camisas, bautizaron como el “Caso Botones”.
López, célebre por poseer la flotilla más lujosa de autos de carreras y helicópteros, confesó en un programa que produce el humorista Manolo Ozuna, que aportó por lo menos 50 millones de pesos en apoyo al PRM, y de paso negó que la fortuna que hoy cuestiona la justicia provenga del narcotráfico.
Si uno solo de estos personajes fue capaz de aportar una suma tal, cómo pensar que a partir de entonces se llevaría a cabo un certamen electoral igualitario y democrático.
El otro grupo proveía recursos de manera abierta desde Santiago, encabezado por Miguel Gutiérrez, su hermano Miguel Emilio Gutiérrez Díaz (El Alemán), así como a los hermanos Endy de Jesús Núñez Mármol (El Fuerte) y Danny Núñez Mármol.
El propio Gutiérrez se encargó de legar su testimonio judicial y sus candidatos más favorecidos, a través de una serie de spot publicitarios muy bien logrados, en los que un optimista Miguel Gutiérrez promovía sus aspiraciones a diputado y la de sus patrocinados, incluyendo al hoy presidente Luis Abinader y el senador Eduardo Estrella.
El caso de Gutiérrez lo mismo que el de Abreu Navarro, son ventilados en cortes internacionales, no obstante, dentro de los corrillos del Congreso dominicano arrastran sus vergüenzas, otros seis diputados del mismo partido y sus respectivos esposos o esposas, a la espera de un proceso a cargo de la Suprema Corte de Justicia.
Insisto que el crimen del narcotráfico, devenido para muchos en un sucio negocio, es a fin de cuentas el principal prohijador de los crímenes más atroces que enfrenta la humanidad, en esta sociedad del mundo occidental.
Su impronta, de solo compararlas con otras acciones dolosas, aunque también censurables, constituyen una vergüenza.
Los paises que lograron atenuar, a base de leyes y programas bien diseñados, los efectos devastadores de este flagelo, alertaban que entre sus peores secuelas estaban, obviamente, atentar contra la vida de millares de jóvenes que la consumen; pero también cuando las sociedades se adaptando a convivir con sus variadas manifestaciones, las normalizaban y las hacían parte de su cotidianidad. Es decir que los pueblos se adaptaban a él, sin producirles asombro, y mucho menos otear el peligro a que se exponían.
De ahí que se entiende la reacción complaciente de las comunidades ante los narcos, tal y como ocurre en Colombia con Pablo Escobar y en México con Chapo Guzmán.
Sin embargo, lo real es que en el quehacer político, el personaje del narco adquiere una importancia capital, por la cantidad de recursos que entrega a los partidos a cambio de licencia y protección para operar, aunque su existencia sea a costa de los crímenes, en especial de jóvenes y de paso comprobando que en el trajín político “un átomo de hidrógeno (1.00784 u)”, resulta más pesado que la moral en el mercado persa que representa el proceso comicial en un país como el nuestro, de notable fragilidad institucional.