El ministro de Interior y Policía, Jesús – Chú – Vásquez, condenó este miércoles el asesinato de una joven pareja de esposos a manos de una patrulla de la Policía Nacional en momentos en que regresaban a la capital provenientes del municipio Villa Altagracia, donde se encontraban en un culto cristiano.
El funcionario informó que se dispuso una «profunda» investigación del confuso incidente que provocó la muerte de Joel Díaz, de 28 años de edad, y su esposa Elizzabeth Muñoz, de 26 años. Este hecho ha conmocionado a la sociedad dominicana y del que han reaccionado figuras importantes de la vida nacional.
«Condenamos el exceso policial que dio al traste con la vida de una pareja de esposos cristianos en Villa Altagracia, por lo que estamos disponiendo una profunda investigación del confuso incidente», indicó Vásquez en su cuenta de Twitter.
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Este miércoles, la Policía Nacional dispuso la suspensión de varios agentes que participaron en un confuso incidente donde mataron a una pareja de esposos y otra persona resultó herida en el municipio de Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.
A través de un comunicado enviado a esta redacción, la institución del orden dijo que no tolerará que ninguno de sus miembros cometan acciones que violen las normas y leyes nacionales, por lo que si producto de la investigación los señalados resultan culpables, estos serán puestos a disposición de la justicia ordinaria para que respondan por el hecho que se les imputa.
Las dos personas muertas a tiros la noche del martes eran dos predicadores cristianos que regresaban de la comunidad de Los Ganchos de Pino Herrado luego de concluir una campaña evangelística.
Supuestamente la policía confundió el vehículo que venían los evangélicos con otro a quien le estaban dando seguimiento.
Cabe destacar que en el comunicado de la Policía Nacional ni se menciona el nombre de las personas fallecidas ni heridas, ni de los policías que supuestamente mataron a esta fallecida.
Este hecho se produce apenas un día después de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicara un informe sobre los Derechos Humanos en la República Dominicana, en el cual determinó que aunque la ley prohíbe la tortura, los golpes y los abusos físicos, miembros de las fuerzas de seguridad, principalmente la Policía Nacional, llevaban a cabo esas prácticas.
El informe establece que la impunidad fue un problema dentro de ciertas unidades de las fuerzas de seguridad, especialmente la Policía Nacional.