Abinader y sus tutores imperialistas, seleccionan los jefes de ese cuerpo criminal, simulan una reforma policial, protegen la corrupción interna y externa a la PN, sobre todo las de las elites empresariales, partidistas y burocráticas y ordenan intensificar la matazón de jóvenes pobres discriminados, delincuentes y no delincuentes.
El propio Abinader, en cada ocasión, exhorta a los perseguidos por la PN a entregarse o a sufrir las consecuencias, que es la muerte en supuestos “intercambios de disparos”. De esa manera pretende encubrir la orden de aplicar la pena de muerte al margen de su inexistencia como figura constitucional y procedimiento legal.
La mano dura que también esgrimen se aplica a la juventud empobrecida y abandonada, pero no a los tutumpotes y jefotes que se roban decenas de miles de millones de pesos.
Hemos mantenido una dura postura crítica a la gestión policial del gobierno de Luis Abinader, agravado con los planes de seguridad inspirados en la asesoría de Rudolph Giuliani, ex alcalde de NY y ex asesor de Donald Trump asumidos en su primera y segunda campaña electoral (2016 y 2020); planes que instrumentalizan los asesinatos policiales extrajudiciales de corte fascista.
Esa concepción criminal del ejercicio de la PN ha primado en este país a lo largo de los dos gobiernos ejercidos por el PRM con Abinader empresariales a la cabeza; primero, durante el contrato concertado con Giuliani; y, después, bajo otras asesorías similares.
En un reciente artículo titulado “LA P.N. Y LOS MIEDOS DE ABINADER» (publicado el pasado mes septiembre) y en otro titulado «ABINADER Y LA DELINCUENCIA» (publicado este mes octubre), denuncié el incremento de lo que calificamos como «ejecuciones extrajudiciales o asesinados policiales por paquetes». bajo el amparo gubernamental.
Sostuve y reitero que las advertencias públicas del mandatario, instando a los prófugos a entregarse «para evitar que les vaya peor», operan, en la práctica, como luz verde para tan mortales operativos policiales.
En otras denuncias y en análisis previos, como uno titulado “DISOLVER LA POLICÍA”, argumentamos que esa institución está estructuralmente corrompida y que los reiterados planes de reforma no pasan de ser simulaciones mediáticas, por lo que la única salida real es su completa disolución y los cambios constitucionales que posibiliten crear una policía civil respetuosa de los derechos humanos.
El nefasto vínculo contractual directo de Rudolph Giuliani con el equipo de Abinader se remonta a sus primeras propuestas de campaña de 2016 y a los inicios de su estrategia de seguridad, y se proyecta hasta el presente; por lo que, quien suscribe este artículo, consideré entonces y sigo considerando ahora, que trasladar las doctrinas de «Tolerancia Cero» y «Ventanas Rotas de Giuliani al contexto dominicano, no implica atacar las raíces de la delincuencia (despotismo, desigualdad, exclusión y corrupción de cuello blanco).
Igual actitud asumí frente a los antecedentes criminales-policiales de esta matazón, desplegados durante los gobiernos de Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, de triste recordación
La verdad es que esencialmente esa doctrina policial consiste en desatar la persecución selectiva y violenta contra la juventud empobrecida de los barrios marginados y proteger a los dueños de los negocios de todas las modalidades de delincuencia.
Esa concepción sobre “seguridad ciudadana” responde a un nefasto patrón de subordinación a agencias norteamericanas e israelí (CIA, Mossad, DEA, Comando Sur) y a las asesorías policiales chilenas y colombianas de la misma matriz; acogidas y apoyadas, desde una política gubernamental «servil» a los intereses de Washington, en el tratamiento de un tema extremadamente delicado y peligroso.